Hace poco más de 100 años, el gran estratega inglés, Sir Julian S. Corbett, publicó su obra magna “Some Principles of Maritime Strategy: A theory of war on the high seas; naval warfare and the command of fleets“. En ella, Corbett estableció una serie de premisas que han sobrevivido como máximas supremas de la estrategia marítima por décadas. En el capítulo 2, el autor nos recuerda que “dicha sea la verdad, de que las clases de buques navales que constituyen una flota son, o deben ser, la expresión material de las ideas estratégicas y tácticas que prevalecen en ese tiempo en particular”. O lo que es lo mismo, los buques son el ejemplo más práctico de la visión estratégica (o falta de ella) de una nación con respecto de su posición en el mundo.
En este sentido, puede argumentarse que las marinas armadas poseen una doble naturaleza, en cuanto a su significado como componente del Estado: por un lado, son un instrumento para la consecución de los objetivos marítimos del mismo; por el otro, son el reflejo práctico, material y objetivo, de la profundidad, ambición y capacidad intelectual de dicho Estado.
De hecho, ambas condiciones —la de instrumento de fuerza y al mismo tiempo de comunicación externa estratégica— fueron abordadas tanto por Corbett como el propio Alfred T. Mahan. Para Corbett, las marinas de guerra (y de hecho la estrategia naval per se) sólo tenía sentido si se consideraba como parte de la Gran Estrategia de una nación (esto es, junto a otros elementos del poder nacional como el militar-terrestre, económico y diplomático). Para Mahan, quien saltó a la fama un par de décadas antes que el inglés, una marina de guerra sólo podía nacer, crecer y mantenerse si detrás de ella había un compromiso de largo aliento de parte de la clase política y económica (esto es, de las élites).
La Marina de México se encuentra ante una encrucijada histórica que ilustra con precisión las advertencias de ambos pensadores: el país posee la decimotercera línea costera más extensa del mundo, con más de 11,000 kilómetros de litoral divididos entre el Pacífico y el Golfo de México-Caribe, además de una Zona Económica Exclusiva que supera los 3.1 millones de kilómetros cuadrados (sí, hay más México en el mar que en tierra). Esta realidad geográfica impone responsabilidades que la estructura de fuerzas actual aún no refleja cabalmente. Si los buques son, como afirmaba Corbett, la expresión material de las ideas estratégicas de una nación, entonces la composición actual de la Armada de México comunica, con elocuencia involuntaria, las limitaciones de una visión estratégica de la clase política que hasta ahora ha privilegiado una Marina enfocada en operaciones de guarda costera y de seguridad interior, en menoscabo de una postura marítima de mayor alcance y ambición.
Si bien la Armada cuenta con amplias capacidades para operar en su mar territorial y, en cierta medida, en su ZEE, la verdad es que aún posee enormes carencias en tres dominios fundamentales del combate naval moderno.
En materia de guerra antisubmarina (ASW), México carece prácticamente de capacidades orgánicas reales. La ausencia de fragatas o corbetas equipadas con sonares de casco y remolcados, torpedos y helicópteros dedicados dedicados representa una vulnerabilidad estratégica que, si bien no se ha manifestado en crisis abiertas, constituye un flanco ciego ante cualquier escenario de competencia marítima regional o ante el creciente trasiego submarino vinculado al crimen organizado transnacional.
En este sentido, la cancelación del proyecto POLA en 2019 truncó los planes de una fuerza naval moderna, con capacidades mínimas pero escalables, capaz de mostrar una postura naval de mayor alcance y disuasión regional.
En cuanto a la guerra antisuperficie (ASuW), la situación es igualmente precaria. Los misiles antibuque son prácticamente inexistentes tras la salida de servicio de los buques Clase Huracán, y la capacidad de negar el acceso o de proyectar disuasión en zonas alejadas del litoral inmediato es marginal. Esto cobra especial relevancia en el Pacífico, donde el aumento del tráfico marítimo comercial y la presencia de actores extrarregionales exige al menos una capacidad creíble de negación de área.
La dimensión de la guerra antiaérea (AAW) es quizás la más visible en términos de brechas. Las unidades de superficie con las que cuenta la Armada en su mayoría están equipadas con sistemas de defensa de punto de corto alcance -en el mejor de los casos- pero insuficientes para enfrentar amenazas aéreas modernas —drones, misiles de crucero, aeronaves de ala fija— en escenarios de mayor intensidad.
Si bien es cierto que, hasta la fecha, la Armada no se ha visto en la necesidad urgente de emplear estas capacidades, el escenario internacional actual y su creciente inestabilidad obligarían a repensar el desarrollo e incorporación paulatina de las mismas.
En este contexto, el anuncio de la continuación de la construcción de patrullas oceánicas en astilleros nacionales representa efectivamente un avance significativo, no solo en términos operativos sino también industriales y de soberanía tecnológica. Es de aplaudirse que, tras 6 años de haber detenido prácticamente la totalidad de la construcción naval militar, se estén realizando esfuerzos presupuestales para retomarla.
Sin embargo, esto debe entenderse como el piso, no el techo, de una transformación más profunda. La hoja de ruta lógica apuntaría hacia la incorporación gradual de corbetas polivalentes o fragatas ligeras, capaces de integrar suites de sensores, armas y sistemas de mando y control que eleven cualitativamente las capacidades de la flota. La incorporación de sistemas desarrollados por la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico (como radares, sonares y consolas tanto para el puente de mando como específicamente para los cuartos de información combate) es fundamental.
Quizás, una Ley de Impulso a la Industria Naval podría servir de paraguas legal para proyectar un programa de construcción naval con un horizonte ambicioso pero realista (15 años).
Igualmente importante es el componente de proyección institucional. Una Armada más capaz no solo defiende mejor su mar soberano: también incrementa el peso diplomático del país, fortalece la interoperabilidad con aliados y socios estratégicos, y proyecta una imagen de potencia media responsable en los foros de seguridad marítima internacional. La presencia en estas coaliciones no implica comprometer la política exterior de no intervención, sino dotarla de instrumentos creíbles.
Aquí es donde la advertencia de Mahan adquiere toda su vigencia para el caso mexicano. Una marina de guerra capaz no surge por decreto ni por buena voluntad institucional: requiere un compromiso sostenido de las élites políticas y económicas del país, traducido en presupuestos multianuales, en una industria naval que trascienda la construcción de lanchas y patrullas menores, y en una cultura estratégica que reconozca el mar no como un telón de fondo pintoresco, sino como un espacio de poder, comercio, soberanía y proyección nacional.
Mientras ese compromiso no se materialice de manera estructural, México seguirá siendo, parafraseando la lógica corbettiana, una nación cuya flota comunica más sobre sus omisiones que sobre sus ambiciones.
El desafío, en suma, no es solo presupuestal —aunque la asignación de recursos es indispensable—, sino también de visión estratégica. México necesita una política naval de Estado de largo aliento, que trascienda los ciclos sexenales y articule de manera coherente las dimensiones de adquisición, adiestramiento, doctrina e industria de defensa.
El mar no espera, y no se trata de visiones políticas de momento, sino de Estado.
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